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- Prohíbe la discriminación entre usuarios y perseguir contenidos
- Además, impide el bloqueo de acceso de particulares o empresas
Pasará a la historia de Internet por ser el primero en introducir la Neutralidad en la Red en su legislación. Y no ha sido en Europa, ha sido en Latinoamérica; concretamente, en Chile y a través de su Parlamento.
Dentro de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados ha introducido este principio que prohíbe a los proveedores de Internet la discriminación entre usuarios,
la persecución de contenidos, páginas y programas y el bloqueo de acceso de particulares o empresas, sean cuales sean sus contenidos. Su objetivo es, según el ministro de Transportes, Felipe Morandé, lograr "transparentar los servicios de Internet y proteger al usuario".
Quieren impedir que los operadores intervengan en la velocidad de transmisión de datos en función de los contenidos sin permitir escoger al consumidor. En cuanto a los límites impuestos, la ley recoge el fomento del empleo de medidas de control parental que permiten a los adultos controlar el material al que tienen acceso los menores.
La cámara chilena ha recogido exactamente el principio básico por el que se rige la Neutralidad en la Red, un valor en peligro debido al poder de las grandes empresas de telecomunicaciones en los países de mayor tamaño. Estados Unidos, La Unión Europa y Japón son pioneras en la búsqueda de esta regulación que permite a las compañías cortar o reducir la velocidad de acceso a Internet a los usuarios que, por ejemplo, utilicen redes P2P. Es lo que estaba pasando en el país andino, en el que, según el diputado Gonzalo Arenas, "las empresas proveedoras, como tienen sobrevendida su red, les cortan sus conexiones o las hacen más lentas para que parezcan errores accidentales".
El problema está en que estos operadores no comprueban si los contenidos compartidos gozan o no de protección intelectual y convierten en culpables a usuario inocentes, lo que viola el derecho constitucional de todos y cada uno de los Estados en los que se estudia su aplicación.
Los argumentos esgrimidos oficialmente por los grupos de presión en contra de la Neutralidad en la Red, que gastaron 16 millones de euros sólo durante el primer trimestre de 2010, se centran en el elevado consumo de ancho de banda de ciertas actividades y programas.
Pero no todas las multinacionales están en contra de esta medida; compañías de servicios en la Red como Google, Microsoft o Amazon, así como ciertos operadores de Internet, apoyan la normativa.
Con otros términos, Finlandia también ha garantizado el acceso teórico a la Red de todos sus ciudadanos mediante la declaración de la banda ancha como un derecho humano.
Otros gobiernos, como el francés, se han pronunciado en términos contrarios, al afirmar que Internet no es un derecho fundamental.
La lucha por la Neutralidad en la Red se está extendiendo por todo el mundo. Con el debate servido, serán los políticos los que tendrán que tomar decisiones y demostrar si escuchan más a las empresas o a sus votantes.
Dentro de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados ha introducido este principio que prohíbe a los proveedores de Internet la discriminación entre usuarios,
la persecución de contenidos, páginas y programas y el bloqueo de acceso de particulares o empresas, sean cuales sean sus contenidos. Su objetivo es, según el ministro de Transportes, Felipe Morandé, lograr "transparentar los servicios de Internet y proteger al usuario".
Quieren impedir que los operadores intervengan en la velocidad de transmisión de datos en función de los contenidos sin permitir escoger al consumidor. En cuanto a los límites impuestos, la ley recoge el fomento del empleo de medidas de control parental que permiten a los adultos controlar el material al que tienen acceso los menores.
La cámara chilena ha recogido exactamente el principio básico por el que se rige la Neutralidad en la Red, un valor en peligro debido al poder de las grandes empresas de telecomunicaciones en los países de mayor tamaño. Estados Unidos, La Unión Europa y Japón son pioneras en la búsqueda de esta regulación que permite a las compañías cortar o reducir la velocidad de acceso a Internet a los usuarios que, por ejemplo, utilicen redes P2P. Es lo que estaba pasando en el país andino, en el que, según el diputado Gonzalo Arenas, "las empresas proveedoras, como tienen sobrevendida su red, les cortan sus conexiones o las hacen más lentas para que parezcan errores accidentales".
El problema está en que estos operadores no comprueban si los contenidos compartidos gozan o no de protección intelectual y convierten en culpables a usuario inocentes, lo que viola el derecho constitucional de todos y cada uno de los Estados en los que se estudia su aplicación.
Los argumentos esgrimidos oficialmente por los grupos de presión en contra de la Neutralidad en la Red, que gastaron 16 millones de euros sólo durante el primer trimestre de 2010, se centran en el elevado consumo de ancho de banda de ciertas actividades y programas.
Pero no todas las multinacionales están en contra de esta medida; compañías de servicios en la Red como Google, Microsoft o Amazon, así como ciertos operadores de Internet, apoyan la normativa.
Con otros términos, Finlandia también ha garantizado el acceso teórico a la Red de todos sus ciudadanos mediante la declaración de la banda ancha como un derecho humano.
Otros gobiernos, como el francés, se han pronunciado en términos contrarios, al afirmar que Internet no es un derecho fundamental.
La lucha por la Neutralidad en la Red se está extendiendo por todo el mundo. Con el debate servido, serán los políticos los que tendrán que tomar decisiones y demostrar si escuchan más a las empresas o a sus votantes.
